Trazabilidad auditable para administraciones públicas: Historial auditable de cada caso (modelo Activity) que demuestra el cumplimiento del art. 9 ante la AIPI. Tu administración pública está obligada por la Ley 2/2023 a disponer de un canal de denuncias interno anónimo — la obligación del sector público no depende del tamaño y la AIPI y las autoridades autonómicas supervisan.
La trazabilidad auditable es el libro registro que la Ley 2/2023 exige: cada cambio de estado, cada nota interna y cada respuesta pública al informante queda registrado en un historial inmutable por denuncia (modelo Activity). Sin ese historial, el canal no es conforme aunque sea anónimo y aunque respete los plazos, porque la AIPI te pide demostrar que gestionaste cada caso. DenunciaBot lo genera automáticamente con cada acción y te lo muestra por denuncia, para que una inspección pueda reconstruir el recorrido completo del caso.
El sector público debe garantizar anonimato y trazabilidad con medios propios y muchas administraciones arrastran buzones de email no conformes. La supervisión del sector público es dual: la AIPI estatal y las autoridades autonómicas de protección del informante. Las administraciones públicas están obligadas por la Ley 2/2023 sin umbral de empleados. La supervisión del sector público se reparte entre la AIPI estatal y las autoridades autonómicas competentes. El art. 9 fija los plazos de acuse (7 días) y resolución (3 meses) también para el sector público. DenunciaBot lo aplica al implantar tu canal anónimo.