Control de plazos legales para administraciones públicas: Controlamos los plazos del art. 9 Ley 2/2023: acuse de recibo en 7 días naturales y resolución en 3 meses, con flags de vencimiento. Tu administración pública está obligada por la Ley 2/2023 a disponer de un canal de denuncias interno anónimo — la obligación del sector público no depende del tamaño y la AIPI y las autoridades autonómicas supervisan.
El art. 9 de la Ley 2/2023 fija los plazos del sistema interno de información: acuse de recibo al informante en 7 días naturales (salvo riesgo para la confidencialidad) y resolución en 3 meses, ampliables a otros 3 en casos complejos. DenunciaBot trackea esos plazos por denuncia desde el envío, calcula los días restantes para el acuse y para la resolución, y marca con flags cuándo vencen. Es el latido del cumplimiento que la AIPI audita: sin control de plazos, el canal no es conforme aunque sea anónimo.
El sector público debe garantizar anonimato y trazabilidad con medios propios y muchas administraciones arrastran buzones de email no conformes. La supervisión del sector público es dual: la AIPI estatal y las autoridades autonómicas de protección del informante. Las administraciones públicas están obligadas por la Ley 2/2023 sin umbral de empleados. La supervisión del sector público se reparte entre la AIPI estatal y las autoridades autonómicas competentes. El art. 9 fija los plazos de acuse (7 días) y resolución (3 meses) también para el sector público. DenunciaBot lo aplica al implantar tu canal anónimo.